Las organizaciones y personas que apoyan el movimiento objetor a la materia de Educación para la Ciudadanía, conocidas las sentencias que el Tribunal Supremo ha difundido, sobre los recursos presentados en Asturias y Andalucía, han manifestado que las mismas confirman el deber de neutralidad del Estado en lo que se refiere a la formación moral. Las plataformas a favor de la objeción a la EpC seguirán asesorando a los padres que estén decidido a seguir actuando en conciencia. Por su parte, el Centro Jurídico Santo Tomás Moro asegura que las sentencias del Supremo son incongruentes y denuncia que el Alto Tribunal hace dejación de funciones en su deber de tutelar los derechos ciudadanos.
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