Zamora, 29 de enero de 2009.
El Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, mediante nota remitida a los medios de comunicación, ha dado a conocer su conclusión en relación con cuatro recursos de casación sobre el derecho a la objeción de conciencia a las asignaturas de Educación para la Ciudadanía (tres de ellos procedentes de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y otro procedente de la Sala de lo Contencioso de Sevilla). Según este comunicado, "en los casos presentados no existe el derecho a la objeción de conciencia" y así mismo ha establecido que "los Decretos examinados, ambos referentes a la Educación Secundaria, por sí mismos no alcanzan a lesionar el derecho fundamental de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones».
Ante el comunicado del Tribunal Supremo, y a la espera de conocer el contenido de la sentencia (que aún no se ha hecho público), ZAMORA EDUCA EN LIBERTAD, 27punto 3, en nombre de los padres objetores de esta provincia, quiere hacer constar lo siguiente:
1. La sentencia dictada por el Tribunal Supremo afecta a los casos concretos que han sido parte en el procedimiento; no tiene efecto en otros casos de objetores protegidos por otros pronunciamientos judiciales (sentencias o autos de medidas cautelares). En Castilla y León seguimos a la espera de que se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia, que hasta el momento ha concedido las medidas cautelares a aquellos alumnos que están cursando la asignatura, indicando en dichos autos que "a diferencia de otras asignaturas (…) la superación de esta asignatura no sólo implica recibir unos determinados conocimientos, sino que se exige del menor que los incorpore a su comportamiento para siempre." y que esta asignatura establece "… como criterio de evaluación no sólo una asimilación de contenidos sino un determinado comportamiento."
2. Resulta imposible hacer una valoración de la sentencia del Supremo puesto que aún no se ha dado a conocer; su contenido y fundamentos jurídicos pueden dar un giro inesperado ya que algunos medios de comunicación (entre ellos El Mundo) indican que la resolución judicial «no permite a las autoridades administrativas o escolares, ni a los profesores, imponer a los alumnos criterios morales o éticos que son objeto de discusión en la sociedad. Su contenido debe centrarse en la educación de principios y valores constitucionales». Los padres compartimos esta última reflexión, y si el Gobierno hubiera respetado este planteamiento jamás se hubiera producido esta situación.
A día de hoy podrían hacerse algunas consideraciones una vez que se confirman las sospechas de que el gobierno estaba al tanto del contenido de la sentencia aún antes de que el tribunal terminara de debatirlo en su primera sesión lo cual ya por sí sólo nos dice mucho sobre la manera de actuar de nuestro ministerio y de la independencia de nuestro poder judicial. No obstante no entramos a valorar esa cuestión.
3. Las distintas plataformas de padres objetores de toda España, que ya superan las 60, han confirmado su decisión de seguir luchando para que se reconozca su derecho a la objeción de conciencia, como último recurso frente al adoctrinamiento impuesto por Educación para la Ciudadanía. En esta tarea seguimos contando, además, con el apoyo de las distintas asociaciones de ámbito nacional que apoyan la objeción de conciencia, así como con los abogados que, de forma absolutamente desinteresada, defienden los derechos de los padres y que seguirán apoyando a los objetores que quieran presentar recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y acudir, si fuera preciso, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La jurisprudencia internacional y los tratados sobre Derechos Humanos avalan la libertad de los padres para educar a sus hijos según sus convicciones.
4. La movilización de padres en defensa de su libertad y la de sus hijos es imparable. Más allá de la obligatoriedad de cualquier ley o sentencia, un Gobierno democrático no puede ser insensible ante esa realidad que ha llevado a presentar más de 52 mil objeciones a Educación para la Ciudadanía y casi 2.000 recursos judiciales. La escuela necesita recuperar la tranquilidad, el consenso y el respeto a la libertad de todos para poder realizar su misión. Esta Educación para la Ciudadanía ha introducido una grave fractura en la educación española debido a la nula voluntad de diálogo por parte del Gobierno.
5. Los padres vamos a seguir adelante hasta que se reconozcan nuestros derechos fundamentales por el bien de nuestros hijos, para defenderlos de las pretensiones de aquellos que quieren hacer de la escuela un campo de manipulación de sus conciencias y que consideran, tal como ha manifestado Florentino Muñoz, Catedrático de Filosofía, Director de IES en Salamanca y Patrono de Cives, que en la educación de los menores, los padres somos meros sujetos "accidentales, circunstanciales y prescindibles en la información y el aprendizaje".
