jueves 29 de octubre de 2009
INTERESANTE
jueves 22 de octubre de 2009
Castilla y León: otras 21 sentencias eximen a 31 alumnos de cursar Educación para la Ciudadanía
Los padres objetores piden la dimisión del consejero y del viceconsejero de Educación
Zamora, a 19 de octubre de 2009.
Como era previsible, tras las primeras dos sentencias favorables a 3 alumnos objetores, en los últimos días el TSJCyL ha notificado 21 nuevas sentencias que eximen a 31 alumnos de cursar EpC. Francisco José Ramos Vega, abogado de los objetores castellanoleoneses, recuerda que, al igual que las sentencias notificadas el mes pasado (las primeras de un Tribunal Superior de Justicia tras las sentencias del Supremo) «el Tribunal avala el derecho a objetar a EpC porque entiende que, en la interpretación de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, es vinculante la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y no la del Supremo. Es el Tribunal Constitucional el intérprete supremo de la Constitución».
El letrado también ha reiterado que las sentencias hacen un riguroso análisis de los Reglamentos que regulan EpC en Castilla y León y llegan a la conclusión de que, al imponer a los menores la reconstrucción y nueva creación progresiva de valores, exigen que «donde había unos valores ya construidos, provenientes del ámbito familiar, se proceda a sustituirlos por otros de nuevo cuño», lo que denota, con palabras de los magistrados, «un marcado fin de adoctrinamiento». Existe, por tanto, un riesgo exorbitante de injerencia en la esfera de privacidad que el art. 27. 3 CE reserva a los padres, y que éstos no vienen obligados jurídicamente a soportar ni a esperar que cristalice, por lo que les reconoce el derecho a la objeción de conciencia.
En resumen, a fecha de hoy el TSJCyL ha notificado un total de 23 sentencias que eximen a un total de 34 alumnos (19 de Salamanca, 12 de Soria y 3 de Valladolid. Estas sentencias reconocen que, puesto que la administración autonómica tiene competencias en materia educativa, «cualquier incidencia que surja en relación con la educación de un alumno ha de ser resuelta por las autoridades educativas autonómicas», por lo que éstas podrían y deberían haber reconocido los derechos de los padres y hacer efectivo su respeto, evitándoles tener que acudir a los Tribunales para defender unos derechos que la propia Constitución les reconoce y que la Junta de CyL no ha protegido.
La noticia ha sido recibida con enorme alegría por parte de las 10 plataformas de padres objetores de Castilla y León. Para Marisa Pérez Toribio, presidente de Soria Educa en Libertad y portavoz, en este caso, de los padres objetores de esta región, «hoy los alumnos de Castilla y León son más libres porque la justicia ha confirmado un derecho constitucional recogido en la Constitución. Y esta es una buena noticia para todos los ciudadanos».
Sin embargo, Pérez Toribio no puede ocultar la indignación de estas familias con la Junta de Castilla y León. Y es que el gobierno que preside Juan Vicente Herrera sigue ninguneando a los objetores a las EpC mientras repite que en su Comunidad Autónoma estas asignaturas son menos adoctrinadoras que en el resto de España.
Ante esta actitud, Marisa Pérez Toribio recuerda a Herrera:
· Que los decretos autonómicos que desarrollan EpC en Castilla y León tienen los mismos objetivos, contenidos y criterios de evaluación que los decretos estatales, como confirmó el propio Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en sentencias dictadas en los meses de abril y junio pasados. Por tanto, contra lo que afirma Juan Vicente Herrera, el decreto autonómico que desarrolla EpC en Castilla y León no ha rebajado en absoluto el carácter ideológico y adoctrinador de las asignatura».
· Que la actitud de la Junta de Castilla y León ha sido tan beligerante con los padres objetores como el Gobierno presidido por Rodríguez Zapatero. En este sentido, las plataformas castellanoleonesas que se oponen a EpC recuerdan las amenazas del consejero de Educación a los objetores sorianos en julio de 2008, así como las maniobras de la Junta para evitar la presentación de objeciones y la negativa del viceconsejero de Educación, Fernando Sánchez Pascuala a adoptar ninguna medida para prevenir el adoctrinamiento en EpC tras las sentencias del Tribunal Supremo.
· La Junta de Castilla y León ha patrocinado cursos de formación de profesores de EpC impartidos por autores marxistas (como Carlos Fernandez Liria, autor del libro de EpC de la editorial Akal) y altos cargos del Ministerio de Educación (como Pedro Uruñuela).
· El presidente Juan Vicente Herrera se ha negado reiteradamente a recibir a los padres objetores; estos le han solicitado entrevistarse con él en tres ocasiones.
Por todo ello, las 10 plataformas de objetores de Castilla y León han exigido la dimisión del consejero de Educación, Juan José Mateos y del viceconsejero, Sánchez Pascuala, «por su nefasta gestión del conflicto de EpC y su reiterado menosprecio a los padres objetores». Igualmente, Marisa Pérez Toribio ha manifestado que el presidente Herrera tendrá que recibir a los representantes de las plataformas y rectificar sus declaraciones por constituir una afrenta a la verdad de los hechos.
jueves 26 de marzo de 2009
LA CONSEJERÍA DE CASTILLA Y LEÓN AMENAZA DE NUEVO CON EL SUSPENSO A LOS ALUMNOS OBJETORES SIN BUSCAR UNA SOLUCIÓN DIALOGADA CON LOS PADRES
23 de marzo de 2009
Las últimas declaraciones de Mateos han decepcionado, una vez más, a las familias que se oponen a que sus hijos cursen Educación para la Ciudadanía tal como está configurada en estos momentos. “Es lamentable que el Consejero hable de una situación de “normalidad” que no se ha producido en ningún momento. Es penoso que los padres tengamos que conocer la postura de la Consejería por los medios de comunicación cuando el pasado cuatro de marzo todas las plataformas solicitamos, con carácter urgente, una reunión con el Consejero, sin obtener siquiera una respuesta desde la Consejería. Mateos pide “confianza en el sistema” cuando ni siquiera recibe a los padres que, desde el principio, hemos buscado una solución dialogada a este conflicto que ya dura demasiado tiempo.
No se ha producido ningún cambio en Educación para la Ciudadanía que haga que los padres reconsideren su postura. “La asignatura es la misma que nos hizo tomar la decisión de ejercer nuestro derecho a la objeción de conciencia por el bien de nuestros hijos. Cuando objetamos lo hicimos sin ninguna cobertura legal y ahora que el Tribunal ha revocado las medidas cautelares, de forma precipitada e inexplicable, volvemos a la misma situación inicial. Sabemos que nos enfrentamos al suspenso, y lo asumimos. El hecho de que nuestros hijos suspendan esta asignatura no significa que no estén aprendiendo a ser “mejores ciudadanos en el futuro", como pretende el Consejero. Todo lo contrario; nuestros hijos están recibiendo de sus padres una auténtica lección de ciudadanía responsable, de coherencia, de conocimiento de sus derechos y sus deberes, de participación activa en la sociedad…un ejemplo, sin duda, para ellos.”
Los alumnos tendrán que enfrentarse al suspenso porque la Consejería no ha tenido en ningún momento voluntad para ofrecer a los alumnos una solución que les permita ser evaluados, lo que supone una auténtica discriminación respecto a otras situaciones que se están produciendo constantemente en el sistema educativo.
Mientras que desde la Consejería de Educación, en el uso de sus competencias, se articulan todo tipo de medidas para facilitar el aprobado y la titulación a alumnos de ESO, incluso con asignaturas no cursadas, en cambio se amenaza a aquellos alumnos objetores, en general buenos estudiantes, cuya permanencia fuera de las clases de EpC no supone ningún problema ni para el centro ni para sus compañeros. Los alumnos permanecen en el centro, siempre dispuestos a realizar alguna actividad sustitutoria (tal como manifestaban en el propio escrito de objeción de conciencia) que permita su evaluación, como se está haciendo, por ejemplo, en el caso de la Comunidad de Madrid que sí está evaluando a los alumnos objetores desde principio de curso, mediante la elaboración de trabajos. En castilla y León, en cambio, las autoridades educativas no han querido aceptar la buena disposición de los padres para resolver este conflicto, y se han limitado a atender a los niños dentro del centro escolar sin proporcionarles una adecuada atención educativa de acuerdo con su especial situación, cosa que si se hace en el caso de otros alumnos que precisan atenciones educativas especiales.
Los padres percibimos en esta actuación un acoso y una intimidación constante para hacer desistir a los padres de un derecho que han ejercido por razones profundas de conciencia, aunque el Tribunal Supremo, en una controvertida sentencia (que cuenta con diez votos particulares de otros tantos magistrados) no haya tutelado dicho derecho.
En recientes declaraciones, Mateos se mostró convencido de que "no va a haber ninguna polémica más", aunque prometió "respetar la libertad de cada uno, así como su responsabilidad". Esperamos que, efectivamente, se termine con esta polémica, se respete la libertad de los padres y se demuestre de forma eficaz lo que el Consejero ha dicho tantas veces de palabra que el Gobierno regional «está con los padres objetores porque la asignatura tiene una fuerte carga moral». Para demostrar con hechos esa buena disposición los padres esperamos que nos reciba de forma urgente, como se le ha solicitado por escrito, para encontrar una solución a este conflicto que permita la evaluación de los alumnos (porque así puede hacerlo la Consejería sin que ello suponga que los alumnos tengan que reintegrarse a las clases) y sea respetuosa con el derecho de los padres a elegir la formación moral que quieren para sus hijos.
25 objetores de EpC deberán volver a las aulas en Zamora
El Superior suspende las medidas cautelares y la Junta dará instrucciones la próxima semana a los centros para una reincorporación inmediata.
[más... en la Opinión]miércoles 18 de febrero de 2009
Satisfacción entre las organizaciones de objetores a EpC por las sentencias del Supremo
viernes 6 de febrero de 2009
Aumentan las solicitudes de objeción a EpC tras el fallo del Supremo
[más...]
viernes 30 de enero de 2009
UNA VEZ CONOCIDO EL FALLO DEL TRIBUNAL SUPREMO, MILES DE PADRES OBJETORES CONFIRMAN SU DECISIÓN DE DEFENDER SUS DERECHOS FUNDAMENTALES
Zamora, 29 de enero de 2009.
El Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, mediante nota remitida a los medios de comunicación, ha dado a conocer su conclusión en relación con cuatro recursos de casación sobre el derecho a la objeción de conciencia a las asignaturas de Educación para la Ciudadanía (tres de ellos procedentes de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y otro procedente de la Sala de lo Contencioso de Sevilla). Según este comunicado, "en los casos presentados no existe el derecho a la objeción de conciencia" y así mismo ha establecido que "los Decretos examinados, ambos referentes a la Educación Secundaria, por sí mismos no alcanzan a lesionar el derecho fundamental de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones».
Ante el comunicado del Tribunal Supremo, y a la espera de conocer el contenido de la sentencia (que aún no se ha hecho público), ZAMORA EDUCA EN LIBERTAD, 27punto 3, en nombre de los padres objetores de esta provincia, quiere hacer constar lo siguiente:
1. La sentencia dictada por el Tribunal Supremo afecta a los casos concretos que han sido parte en el procedimiento; no tiene efecto en otros casos de objetores protegidos por otros pronunciamientos judiciales (sentencias o autos de medidas cautelares). En Castilla y León seguimos a la espera de que se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia, que hasta el momento ha concedido las medidas cautelares a aquellos alumnos que están cursando la asignatura, indicando en dichos autos que "a diferencia de otras asignaturas (…) la superación de esta asignatura no sólo implica recibir unos determinados conocimientos, sino que se exige del menor que los incorpore a su comportamiento para siempre." y que esta asignatura establece "… como criterio de evaluación no sólo una asimilación de contenidos sino un determinado comportamiento."
2. Resulta imposible hacer una valoración de la sentencia del Supremo puesto que aún no se ha dado a conocer; su contenido y fundamentos jurídicos pueden dar un giro inesperado ya que algunos medios de comunicación (entre ellos El Mundo) indican que la resolución judicial «no permite a las autoridades administrativas o escolares, ni a los profesores, imponer a los alumnos criterios morales o éticos que son objeto de discusión en la sociedad. Su contenido debe centrarse en la educación de principios y valores constitucionales». Los padres compartimos esta última reflexión, y si el Gobierno hubiera respetado este planteamiento jamás se hubiera producido esta situación.
A día de hoy podrían hacerse algunas consideraciones una vez que se confirman las sospechas de que el gobierno estaba al tanto del contenido de la sentencia aún antes de que el tribunal terminara de debatirlo en su primera sesión lo cual ya por sí sólo nos dice mucho sobre la manera de actuar de nuestro ministerio y de la independencia de nuestro poder judicial. No obstante no entramos a valorar esa cuestión.
3. Las distintas plataformas de padres objetores de toda España, que ya superan las 60, han confirmado su decisión de seguir luchando para que se reconozca su derecho a la objeción de conciencia, como último recurso frente al adoctrinamiento impuesto por Educación para la Ciudadanía. En esta tarea seguimos contando, además, con el apoyo de las distintas asociaciones de ámbito nacional que apoyan la objeción de conciencia, así como con los abogados que, de forma absolutamente desinteresada, defienden los derechos de los padres y que seguirán apoyando a los objetores que quieran presentar recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y acudir, si fuera preciso, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La jurisprudencia internacional y los tratados sobre Derechos Humanos avalan la libertad de los padres para educar a sus hijos según sus convicciones.
5. Los padres vamos a seguir adelante hasta que se reconozcan nuestros derechos fundamentales por el bien de nuestros hijos, para defenderlos de las pretensiones de aquellos que quieren hacer de la escuela un campo de manipulación de sus conciencias y que consideran, tal como ha manifestado Florentino Muñoz, Catedrático de Filosofía, Director de IES en Salamanca y Patrono de Cives, que en la educación de los menores, los padres somos meros sujetos "accidentales, circunstanciales y prescindibles en la información y el aprendizaje".
