ENCUENTRO DE OBJETORES

El encuentro fue todo un éxito. En él participó, entre otros, Monseñor Munilla.

23 NOVIEMBRE. REUNIÓN DE OBJETORES DE ZAMORA

El próximo 23 lunes nos reuniremos en el Seminario a las 8,30 para informar a los padres.

29 NOVIEMBRE. Concentración en Palencia de Alumnos objetores

I ENCUENTRO DE OBJETORES


VILLAGARCÍA DE CAMPOS (VALLADOLID)*
29 de Noviembre
a partir de las 11:00 horas
Casa de Ejercicios P.P. Jesuitas

*El lugar del encuentro ha sido modificado. Ya no será en Palencia (como aparecía antes en el Cartel), sino en Villagarcía de Campos, en Valladolid.

Ya son 248 los alumnos de Castilla y León que no recibirán EpC

Ante la nefasta actitud de la Consejería de Educación, los padres objetores presentan sus demandas a Herrera

Soria, 11 de noviembre de 2009. Ante la pasividad de la Consejería de Educación, representantes de las diez Plataformas de padres objetores a Educación para la Ciudadanía (EpC), que agrupan a más de 3000 objetores castellanoleoneses, han acudido hoy a la sede de la Junta a presentarle sus demandas al presidente Herrera.

Y es que ya son 125 las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que ha reconocido expresamente el derecho a objetar a las asignaturas de EpC a los padres de 208 alumnos. A pesar de estos datos, el Gobierno regional ignora el contenido de dichas sentencias que dicen, de forma rotunda, que estas asignaturas suponen un «riesgo exorbitante que los padres no vienen obligados jurídicamente a soportar ni a esperar se cristalice, de invasión, injerencia o inmisión en la esfera de privacidad que el artículo 27.3 CE les reserva en cuanto a la formación religiosa y moral de sus hijos».

Por si fuera poco, las propias sentencias ponen de manifiesto la dejación de funciones de la Junta, que podía haber evitado a las familias acudir a los Tribunales, puesto que, según el TSJCyL, en el uso de sus competencias » las autoridades educativas autonómicas podrían haber entendido existentes los derechos reclamados, y en consecuencia hacer efectivo su respeto».

Tal como ha manifestado Inmaculada López, en representación de los padres objetores, «lo más escandaloso es que siguen defendiendo la EpC del Gobierno nacional. Incluso una vez que el Tribunal se ha pronunciado con esta claridad, la Consejería sigue despreciando a las familias al negarse a extender el fallo de las sentencias al resto de los alumnos objetores, los que aún esperan su sentencia, los que no han podido aún acudir al Tribunal a defender su derecho puesto que la Junta de CyL les ha impedido hacerlo al no contestar siquiera a sus escritos de objeción de conciencia, y los que quieran, a partir de ahora, acogerse al derecho a la objeción de conciencia».

Por otra parte, López ha asegurado que «los responsables de la Junta no pueden seguir engañando a la opinión pública con falsos recortes de contenidos polémicos, cuando el Tribunal castellanoleonés ha afirmado que la EpC de Castilla y León es absolutamente coincidente con los del Gobierno central. Por tanto, estas asignaturas son iguales de adoctrinadoras en Castilla y León que en las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE.

Ante la pasividad de los señores Mateos y Sánchez Pascuala (consejero y viceconsejero de Educación respectivamente), los padres objetores de Castilla y León han reclamado al Presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, que dirija personalmente este asunto, cese a los responsables de la Consejería de Educación y reciba a los padres para escuchar sus demandas y resolver esta lamentable situación.

«El Gobierno regional no puede permanecer callado ante más de cien sentencias, y las que aún faltan, como si no pasara nada», ha añadido Inmaculada López «Estamos hablando de unas sentencias que afirman que EpC vulnera derechos fundamentales al imponer una moral de estado obligatoria. El empecinamiento en sacar adelante estas asignaturas se entiende en aquellos que defienden esa imposición moral; si la actitud de la Junta no cambia y Herrera no rectifica inmediatamente, tendremos que entender que tanto los responsables de la Consejería como el propio Presidente defienden EpC tal como está diseñada. Si es así, significa que el Gobierno de Castilla y León pretende, al igual que el Gobierno de la nación, arrebatar a los padres la formación moral de sus hijos para arrogarse ellos ese derecho».

INTERESANTE

Queridos/as amigos/as:> > Quiero informaros que ayer hemos asistido a la reunión convocada por> la Secretaria de Estado del Ministerio de Educación, Eva Almunia, en la que> se nos ha invitado a aportar medidas para alcanzar el Pacto social y> político por la Educación y participar en las mesas de trabajo en torno al> mismo.> > Os adjunto el documento-base de ese pacto (que hemos podido> conseguir) que será presentado oficialmente el próximo día 3 en el Consejo> Escolar del Estado por el propio Ministro. Nuestro propósito al enviároslo> es que os sirva para concretar propuestas enriquecedoras del nuestro.> > Espero vuestras noticias, os mantendré informados de todo lo que> ocurra.> > Un abrazo,> > > Isabel Bazo Sánchez> Presidente de CECE

Castilla y León: otras 21 sentencias eximen a 31 alumnos de cursar Educación para la Ciudadanía

Los padres objetores piden la dimisión del consejero y del viceconsejero de Educación

Zamora, a 19 de octubre de 2009.

Como era previsible, tras las primeras dos sentencias favorables a 3 alumnos objetores, en los últimos días el TSJCyL ha notificado 21 nuevas sentencias que eximen a 31 alumnos de cursar EpC. Francisco José Ramos Vega, abogado de los objetores castellanoleoneses, recuerda que, al igual que las sentencias notificadas el mes pasado (las primeras de un Tribunal Superior de Justicia tras las sentencias del Supremo) «el Tribunal avala el derecho a objetar a EpC porque entiende que, en la interpretación de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, es vinculante la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y no la del Supremo. Es el Tribunal Constitucional el intérprete supremo de la Constitución».

El letrado también ha reiterado que las sentencias hacen un riguroso análisis de los Reglamentos que regulan EpC en Castilla y León y llegan a la conclusión de que, al imponer a los menores la reconstrucción y nueva creación progresiva de valores, exigen que «donde había unos valores ya construidos, provenientes del ámbito familiar, se proceda a sustituirlos por otros de nuevo cuño», lo que denota, con palabras de los magistrados, «un marcado fin de adoctrinamiento». Existe, por tanto, un riesgo exorbitante de injerencia en la esfera de privacidad que el art. 27. 3 CE reserva a los padres, y que éstos no vienen obligados jurídicamente a soportar ni a esperar que cristalice, por lo que les reconoce el derecho a la objeción de conciencia.

En resumen, a fecha de hoy el TSJCyL ha notificado un total de 23 sentencias que eximen a un total de 34 alumnos (19 de Salamanca, 12 de Soria y 3 de Valladolid. Estas sentencias reconocen que, puesto que la administración autonómica tiene competencias en materia educativa, «cualquier incidencia que surja en relación con la educación de un alumno ha de ser resuelta por las autoridades educativas autonómicas», por lo que éstas podrían y deberían haber reconocido los derechos de los padres y hacer efectivo su respeto, evitándoles tener que acudir a los Tribunales para defender unos derechos que la propia Constitución les reconoce y que la Junta de CyL no ha protegido.

La noticia ha sido recibida con enorme alegría por parte de las 10 plataformas de padres objetores de Castilla y León. Para Marisa Pérez Toribio, presidente de Soria Educa en Libertad y portavoz, en este caso, de los padres objetores de esta región, «hoy los alumnos de Castilla y León son más libres porque la justicia ha confirmado un derecho constitucional recogido en la Constitución. Y esta es una buena noticia para todos los ciudadanos».

Sin embargo, Pérez Toribio no puede ocultar la indignación de estas familias con la Junta de Castilla y León. Y es que el gobierno que preside Juan Vicente Herrera sigue ninguneando a los objetores a las EpC mientras repite que en su Comunidad Autónoma estas asignaturas son menos adoctrinadoras que en el resto de España.

Ante esta actitud, Marisa Pérez Toribio recuerda a Herrera:

· Que los decretos autonómicos que desarrollan EpC en Castilla y León tienen los mismos objetivos, contenidos y criterios de evaluación que los decretos estatales, como confirmó el propio Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en sentencias dictadas en los meses de abril y junio pasados. Por tanto, contra lo que afirma Juan Vicente Herrera, el decreto autonómico que desarrolla EpC en Castilla y León no ha rebajado en absoluto el carácter ideológico y adoctrinador de las asignatura».

· Que la actitud de la Junta de Castilla y León ha sido tan beligerante con los padres objetores como el Gobierno presidido por Rodríguez Zapatero. En este sentido, las plataformas castellanoleonesas que se oponen a EpC recuerdan las amenazas del consejero de Educación a los objetores sorianos en julio de 2008, así como las maniobras de la Junta para evitar la presentación de objeciones y la negativa del viceconsejero de Educación, Fernando Sánchez Pascuala a adoptar ninguna medida para prevenir el adoctrinamiento en EpC tras las sentencias del Tribunal Supremo.

· La Junta de Castilla y León ha patrocinado cursos de formación de profesores de EpC impartidos por autores marxistas (como Carlos Fernandez Liria, autor del libro de EpC de la editorial Akal) y altos cargos del Ministerio de Educación (como Pedro Uruñuela).

· El presidente Juan Vicente Herrera se ha negado reiteradamente a recibir a los padres objetores; estos le han solicitado entrevistarse con él en tres ocasiones.

Por todo ello, las 10 plataformas de objetores de Castilla y León han exigido la dimisión del consejero de Educación, Juan José Mateos y del viceconsejero, Sánchez Pascuala, «por su nefasta gestión del conflicto de EpC y su reiterado menosprecio a los padres objetores». Igualmente, Marisa Pérez Toribio ha manifestado que el presidente Herrera tendrá que recibir a los representantes de las plataformas y rectificar sus declaraciones por constituir una afrenta a la verdad de los hechos.

LA CONSEJERÍA DE CASTILLA Y LEÓN AMENAZA DE NUEVO CON EL SUSPENSO A LOS ALUMNOS OBJETORES SIN BUSCAR UNA SOLUCIÓN DIALOGADA CON LOS PADRES

Mateos no se muestra dispuesto a adoptar medidas especiales que permitan evaluar a estos alumnos, a diferencia de lo que ocurre por ejemplo en la Comunidad de Madrid, lo que supone una clara discriminación respecto a otras situaciones que se producen constantemente en el sistema educativo.

23 de marzo de 2009
Las últimas declaraciones de Mateos han decepcionado, una vez más, a las familias que se oponen a que sus hijos cursen Educación para la Ciudadanía tal como está configurada en estos momentos. “Es lamentable que el Consejero hable de una situación de “normalidad” que no se ha producido en ningún momento. Es penoso que los padres tengamos que conocer la postura de la Consejería por los medios de comunicación cuando el pasado cuatro de marzo todas las plataformas solicitamos, con carácter urgente, una reunión con el Consejero, sin obtener siquiera una respuesta desde la Consejería. Mateos pide “confianza en el sistema” cuando ni siquiera recibe a los padres que, desde el principio, hemos buscado una solución dialogada a este conflicto que ya dura demasiado tiempo.

No se ha producido ningún cambio en Educación para la Ciudadanía que haga que los padres reconsideren su postura. “La asignatura es la misma que nos hizo tomar la decisión de ejercer nuestro derecho a la objeción de conciencia por el bien de nuestros hijos. Cuando objetamos lo hicimos sin ninguna cobertura legal y ahora que el Tribunal ha revocado las medidas cautelares, de forma precipitada e inexplicable, volvemos a la misma situación inicial. Sabemos que nos enfrentamos al suspenso, y lo asumimos. El hecho de que nuestros hijos suspendan esta asignatura no significa que no estén aprendiendo a ser “mejores ciudadanos en el futuro", como pretende el Consejero. Todo lo contrario; nuestros hijos están recibiendo de sus padres una auténtica lección de ciudadanía responsable, de coherencia, de conocimiento de sus derechos y sus deberes, de participación activa en la sociedad…un ejemplo, sin duda, para ellos.”

Los alumnos tendrán que enfrentarse al suspenso porque la Consejería no ha tenido en ningún momento voluntad para ofrecer a los alumnos una solución que les permita ser evaluados, lo que supone una auténtica discriminación respecto a otras situaciones que se están produciendo constantemente en el sistema educativo.

Mientras que desde la Consejería de Educación, en el uso de sus competencias, se articulan todo tipo de medidas para facilitar el aprobado y la titulación a alumnos de ESO, incluso con asignaturas no cursadas, en cambio se amenaza a aquellos alumnos objetores, en general buenos estudiantes, cuya permanencia fuera de las clases de EpC no supone ningún problema ni para el centro ni para sus compañeros. Los alumnos permanecen en el centro, siempre dispuestos a realizar alguna actividad sustitutoria (tal como manifestaban en el propio escrito de objeción de conciencia) que permita su evaluación, como se está haciendo, por ejemplo, en el caso de la Comunidad de Madrid que sí está evaluando a los alumnos objetores desde principio de curso, mediante la elaboración de trabajos. En castilla y León, en cambio, las autoridades educativas no han querido aceptar la buena disposición de los padres para resolver este conflicto, y se han limitado a atender a los niños dentro del centro escolar sin proporcionarles una adecuada atención educativa de acuerdo con su especial situación, cosa que si se hace en el caso de otros alumnos que precisan atenciones educativas especiales.
Los padres percibimos en esta actuación un acoso y una intimidación constante para hacer desistir a los padres de un derecho que han ejercido por razones profundas de conciencia, aunque el Tribunal Supremo, en una controvertida sentencia (que cuenta con diez votos particulares de otros tantos magistrados) no haya tutelado dicho derecho.
En recientes declaraciones, Mateos se mostró convencido de que "no va a haber ninguna polémica más", aunque prometió "respetar la libertad de cada uno, así como su responsabilidad". Esperamos que, efectivamente, se termine con esta polémica, se respete la libertad de los padres y se demuestre de forma eficaz lo que el Consejero ha dicho tantas veces de palabra que el Gobierno regional «está con los padres objetores porque la asignatura tiene una fuerte carga moral». Para demostrar con hechos esa buena disposición los padres esperamos que nos reciba de forma urgente, como se le ha solicitado por escrito, para encontrar una solución a este conflicto que permita la evaluación de los alumnos (porque así puede hacerlo la Consejería sin que ello suponga que los alumnos tengan que reintegrarse a las clases) y sea respetuosa con el derecho de los padres a elegir la formación moral que quieren para sus hijos.